Las protestas encabezadas por trabajadores del IMSS continúan esta semana en el país, con la posible incorporación de otras organizaciones sindicales. Al mismo tiempo, avanza en el Congreso la discusión de la Ley de Ingresos para 2027, que incluye una propuesta para reforzar la fiscalización de los recursos que manejan los sindicatos y los gobiernos estatales y municipales.

El proyecto contempla un programa de verificación y comprobación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre estas organizaciones, bajo el argumento de que están sujetas a las obligaciones de vigilancia fiscal previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). La iniciativa plantea eliminar lo que el Ejecutivo considera "privilegios de exclusión y dispensa de obligaciones de ciertos grupos", además de contribuir al combate contra la corrupción y la impunidad. La propuesta llega en un contexto de importantes retos para las finanzas públicas, marcado por el débil crecimiento económico.

Sin embargo, el trasfondo de la iniciativa no se limita a la recaudación. En medio de una escalada de protestas que involucra a trabajadores del IMSS y organizaciones petroleras, fuentes gubernamentales interpretan la propuesta como una señal de presión hacia las dirigencias sindicales, en un momento en que el gobierno enfrenta dificultades para contener el descontento laboral.

Los trabajadores del IMSS iniciaron sus movilizaciones el martes 13 de octubre, con una primera marcha multitudinaria. Para este miércoles 21 tienen prevista una nueva protesta para exigir un aumento salarial y la destitución de su dirigente sindical, Rafael Olivos.

A esa movilización se prevé que se sumen trabajadores de Pemex, a través de los sindicatos Petroleros Unidos, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), FuJIPE, FraPeJuCo y AIPM México, que acordaron constituir el Frente de Unidad Petrolera, en medio de los planes de la dirección de Pemex para realizar ajustes a la plantilla laboral de confianza y a los salarios. Estos temas serán analizados este jueves 22 de octubre en la junta de consejo, de acuerdo con fuentes consultadas.

Otros sectores sindicales, incluidos trabajadores de la UNAM y organizaciones magisteriales, también han expresado su descontento y planteado posibles movilizaciones.

La propuesta fiscal enviada por el Ejecutivo ya fue turnada al Senado y, mientras las protestas se extienden a distintos sectores laborales, el gobierno busca enviar una señal a las dirigencias sindicales: la movilización también puede colocar sus finanzas bajo un mayor escrutinio fiscal.